El pesquero 'Playa de Tambo', uno de los barcos denunciados por Greenpeace entre los más destructivos de Europa. (Foto: Greenpeace)
ESPAÑAFriday, November 07, 2014, 03:40 (GMT + 9)
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) expresó su rotundo rechazo al informe de Greenpeace que menciona a cinco barcos pesqueros de España entre las 20 embarcaciones comunitarias más destructivas de la Unión Europea (UE).
Según el Magrama, en su informe Buques monstruos, una lacra para los océanos, la organización ecologista muestra un profundo desconocimiento de la realidad actual de las flotas pesqueras española y comunitaria, y de las normas de conservación, gestión y control a las que están sometidos.
El Gobierno español cuestiona que la ONG se concentre en las flotas más reguladas y controladas -como la europea- y que obvie el auténtico problema que se focaliza en algunas flotas de terceros países, que practican sistemáticamente la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).
De los cinco buques que denuncia Greenpeace, dos son de Galicia -Eirado do Costal, con base en Cangas, y Playa de Tambo, con base en Marín-, y los otros tres son del País Vasco - Albacora Uno, Albatún Tres y Txori Argi-.
Las autoridades de España recalcan que estas embarcaciones explotan recursos pesqueros que son evaluados sistemáticamente por los organismos científicos, y cuyos informes son la base para las medidas de conservación y gestión que están establecidas multilateralmente.
Además, estos buques son sometidos a las normas comunitarias y se los controla mediante los sistemas de seguimiento satelital, tanto de localización (VMS) como de reporte de su actividad (Diario Electrónico-ERS).
El Magrama también recalca que las normativas europeas abarcan el respeto de las normas de conservación y gestión aplicables, tales como las medidas técnicas o los límites de capturas establecidos para determinadas especies (patudo, fletán negro, bacalao y gallineta); el cumplimiento de los límites de capacidad nacional; la aplicación de estrictos programas de inspección y presencia de observadores de control a bordo; y el sometimiento a un sistema de sanciones en caso de infracciones graves.
Según el Gobierno de España, esta nación es pionera en la puesta en marcha de medidas de conservación tales como la protección y prohibición de la pesca de recursos marinos sensibles, como determinadas especies de tiburones, y la utilización de dispositivos de pesca que no interaccionen con mamíferos o aves marinas.
Las embarcaciones españolas "deben contar con una autorización expresa de la Secretaría General de Pesca para poder faenar en cualquier lugar del mundo, que se concede con el requisito del respeto de todas las normas aplicables, de modo que puede ser suspendida en caso de incumplimiento, además del establecimiento de las sanciones correspondientes", señala el Ministerio.
Asimismo, el país estableció un protocolo con el sector pesquero español para que los barcos de capital español pero de bandera no comunitaria, que importan sus capturas a la UE, se puedan someter voluntariamente a las mismas medidas de control que la flota de bandera española. Se trata de una "medida de transparencia" que, en opinion del Gobierno, está dando resultados muy positivos.